MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS FUENLABRADA PARA MEJORAR Y ACELERAR EL PLAN DE VACUNACIÓN URGENTE

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El pasado 27 de diciembre de 2020 comenzaron a llegar las primeras vacunas contra la COVID-19 a las diferentes comunidades autónomas de nuestro país, un hito histórico conseguido gracias a los esfuerzos conjuntos de la comunidad científica, los laboratorios farmacéuticos y las políticas de compra centralizada de la Unión Europea.

 

Los objetivos de la campaña de vacunación, fijados por el propio Ministerio de Sanidad, contemplan llegar a, al menos, el 60% de la población vacunada antes del verano para conseguir la inmunidad de grupo, lo que supone alcanzar un millón de dosis administradas cada semana. Sin embargo, el ritmo de vacunación ha sido muy inferior a lo previsto y muy variable entre comunidades autónomas. La ausencia total de liderazgo y coordinación del Gobierno Central ha propiciado que sus propias previsiones sean una quimera inalcanzable.

 

Mientras tanto, los profesionales sanitarios, y los colegios oficiales de médicos y enfermeros, nos siguen recordado la importancia de la vacunación, señalando que es esencial acelerar el proceso al máximo ante el preocupante repunte de contagios que estamos viviendo en los últimos días. Asimismo, tanto el personal de enfermería como farmacéuticos y otros profesionales sanitarios han expresado su voluntad de participar de forma más activa en la campaña de vacunación contra la COVID-19, haciendo un esfuerzo más en esta pandemia que tan dura está siendo para todos ellos.

 

Si bien las primeras semanas de vacunación han resultado ser atípicas, ya que han estado marcadas por los festivos de las fechas navideñas y por los terribles efectos de la nevada histórica del temporal Filomena, hay que añadir que existe una complejidad añadida que viene dada por las características propias de conservación y dosificación de la vacuna, así como por la situación de estrés que sufre la atención primaria y hospitalaria por los efectos de la pandemia. Estas circunstancias hacen que la campaña

de vacunación frente al COVID-19 no pueda ser comparable al resto de campañas de vacunación, como la de la gripe estacional. Por lo tanto, se hace más imprescindible, si cabe, contar con un único Plan Estatal de vacunación común y no con 17 planes autonómicos diferentes. Con ello se lograría coordinar a todas las administraciones involucradas y establecer un marco único de referencia que regule tanto el papel que deben tener los profesionales involucrados, como las condiciones en las que deben intervenir. Un gran ejemplo de la necesidad y utilidad de la colaboración activa entre administraciones son los dispositivos de realización de test masivos que se pusieron en marcha en muchos municipios madrileños, y que tuvieron resultados excelentes en el control de los contagios.

 

Ante el preocupante y rápido auge de contagios y fallecidos, es intolerable que el Ministerio de Sanidad continúe arrojando toda la responsabilidad sobre las comunidades autónomas, haciendo una dejación de sus funciones de coordinación, incluso estando bajo situación de Estado de Alarma. Además, lejos de ocuparse y comprometerse en exclusiva en solventar la tercera ola de la pandemia, el Ministro de Sanidad está inmerso en su candidatura para las elecciones autonómicas de Cataluña.

 

A su vez el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad, que se actualizó el pasado 18 de diciembre, establece cuáles son los grupos prioritarios en esta primera fase de la inmunización: residentes y personal sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes y personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. Tras completar esos grupos, cosa que aún no ha ocurrido, les siguen por orden de prioridad otro personal sanitario y sociosanitario y personas consideradas como grandes dependientes.

 

Los objetivos iniciales, en relación con la vacunación de la población, fijados por el propio Ministerio de Sanidad, establecían como objetivo llegar al menos al 60% de la población, lo que supone un ritmo de un millón de dosis administradas cada semana. Un objetivo que casa muy mal con las desigualdades regionales y la total falta de coordinación por parte del Gobierno de España que, de no remediarse, no permitirá alcanzar un porcentaje adecuado de población vacunada.

 

La falta de información y rendición de cuentas por parte del Ministerio de Sanidad es incomprensible, y más si tenemos en cuenta el incremento constante de los casos de contagios y fallecidos en todo el conjunto del territorio. Necesitamos un plan de vacunación nacional urgente, coordinado con todas las Comunidades Autónomas para unificar los esfuerzos y acelerar el proceso de vacunación para poder vacunar en esta primera etapa a todos los grupos de riesgo, incluyendo el personal sanitario y socio-sanitario como colectivos más sensibles y expuestos debido a la atención directa a los pacientes con Covid-19. La consecución de este objetivo, no obstante, se ve comprometida por la falta de transparencia y la ausencia de un control exhaustivo del cumplimiento del protocolo y del proceso de vacunación, motivo por el que nuestro grupo parlamentario ya solicitó la comparecencia en el Congreso del Ministro de Sanidad para aportar la máxima claridad a la situación real en la que se encuentra España respecto al plan de vacunación.

 

Por si fuera poco, se han dado comportamientos políticos muy graves como los que hemos presenciado recientemente por parte del consejero y funcionarios de la Consejería de Salud de Murcia, así como los de diferentes alcaldes y miembros de equipos de gobierno de diferentes territorios, siendo estos vacunados frente a la Covid-19 saltándose completamente el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad.

Todo ello redunda en una mayor indignación y malestar por parte de la ciudadanía, que observa como este tipo de prácticas irresponsables, sumado a la gran descoordinación entre el gobierno central con el resto de autonomías para la implementación del plan de vacunación, atrasa el proceso de vacunación a la vez que desconoce la información real de registros y situación actual del proceso de vacunación del territorio.

Son urgentes tanto la transparencia de los gobiernos autonómicos como el compromiso ético de todas las fuerzas políticas para garantizar que todo cargo que se salte un protocolo asumirá sus responsabilidades y abandonará su puesto de manera automática.

 

Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos Fuenlabrada elevamos al Pleno de Fuenlabrada para su debate y aprobación los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

1.- Que el Pleno del Ayuntamiento manifieste la necesidad de que el Equipo de Gobierno, así como todas las formaciones políticas con presencia institucional en el consistorio de Fuenlabrada asuman el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera de sus cargos públicos, sean representantes electos o altos cargos, que se salten el plan de vacunación o que incumpla el protocolo de vacunación establecido en provecho propio o beneficiándose de su posición, perjudicando con ello a las personas que realmente necesitaban con prioridad esa vacuna y han visto retrasadas su dosis a causa de estas irregularidades inadmisibles.

 

2.- Instar al Equipo de Gobierno

La Colaboración activa con las administraciones pertinentes y aportar todos los medios humanos y materiales disponibles para agilizar la campaña de vacunación en nuestro municipio.

 

3.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:

 

  • Seguir acelerando la campaña de vacunación incluyendo la posibilidad de ampliarla a festivos y fines de semana, de manera que se consiga la vacunación de la totalidad de los grupos prioritarios y de riesgo a la mayor brevedad posible, asegurando siempre las existencias para las segundas dosis para prevenir eventuales fallos en el sistema de producción y distribución de vacunas. Asimismo, se garantizará la transparencia en todas las etapas del proceso.

 

  • Avanzar, como hasta ahora, en una estrategia de confinamiento inteligente para garantizar la salud de los ciudadanos evitando confinamientos severos innecesarios, siempre siguiendo criterios epidemiológicos por parte de los expertos en salud pública. Las restricciones a la actividad de empresas, PYMES y autónomos que se impongan por criterios sanitarios vendrán compensadas mediante ayudas directas.

 

 

  • Seguir apostando por la realización de cribados masivos, incluyendo la realización de test rápidos de antígenos, que ya han probado ser de indudable utilidad en el control de contagios.

 

  • Impulsar la utilización de unidades móviles con los equipamientos necesarios para diagnósticos y vacunación a domicilio. Fomentar esta utilización de unidades móviles para pruebas de COVID-19, como por ejemplo la realización de análisis de sangre, test de antígenos. De esta forma, se evita el desplazamiento de la población y es una medida especialmente relevante en el caso de pequeños pueblos de la Sierra y personas mayores con movilidad reducida.

 

  • Solicitar la puesta en marcha de los Consejos Territoriales de Salud reflejados en el artículo 17 de la Ley 11/2017 de 22 de diciembre de Buen Gobierno y

 

Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud:

 

Los Consejos Territoriales de Salud se constituyen como órganos de participación y coordinación de la gestión sociosanitaria y sanitaria de las organizaciones. Tendrán como finalidad hacer llegar a la Dirección Gerencia las expectativas, necesidades y propuestas de la población asignada a las Direcciones Territoriales de Atención Primaria y al hospital u hospitales del ámbito de actuación de las mismas.

 

4.- Instar al Gobierno de España a:

 

  • Solicitar, en el ámbito del Consejo Interterritorial de Salud, la actualización de una única estrategia nacional de vacunación que permita una planificación y coordinación efectivas de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, y que se autorice y forme a todos los profesionales competentes, a fin de avanzar en la campaña de vacunación con la celeridad necesaria para alcanzar los objetivos previstos.

 

  • Requerir la colaboración de todos los profesionales competentes en materias sanitarias y de asistencia disponibles que puedan dar apoyo en las diferentes labores de la campaña de vacunación.

 

 

  • Dotar de los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar la atención psicológica a los profesionales sanitarios y socio-sanitarios.

 

Activar todos los recursos disponibles para complementar los esfuerzos realizados por las comunidades autónomas en materia de realización de pruebas de detección del COVID-19 y rastreos, incluyendo la autorización de realización de test de antígenos en farmacia sin necesidad de receta médica.

 

  • Establecer la transparencia y mejora de la trazabilidad, tanto de las vacunas como del proceso con tecnologías como Blockchain, a la vez que se hace más accesible la información para los ciudadanos mediante un espacio web o en la aplicación móvil, que indique el estado del proceso en cada momento.