MOCIÓN DE CIUDADANOS FUENLABRADA RELATIVA A LA PROPUESTA DE ACUERDO POR LA EDUCACIÓN Y LA LIBERTAD DE ELECCIÓN EDUCATIVA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 27 de la Constitución Española consagra el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, atribuyéndole como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. A su vez, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación reconoce, en su artículo 1, como principio que inspira al sistema educativo español “la calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias”. Igualmente, en el punto número 4 del artículo 108 esta Ley establece que «la prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados», habiendo reconocido anteriormente que la enseñanza concertada es una pieza clave para garantizar tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza.
Frente a este marco legal, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, recientemente eludió dar garantías y tranquilidad a las familias que eligen la escuela concertada y remitió a la de Hacienda, María Jesús Montero, en relación con las intenciones del Gobierno para investigar las deducciones por donaciones en el IRPF que hacen los padres que llevan a sus hijos a los centros concertados.
El actual Gobierno de Pedro Sánchez ha dado sobradas muestras de su voracidad recaudatoria. En los seis meses que lleva en el gobierno ha propuesto subir numerosas figuras tributarias existentes y ha creado dos impuestos nuevos. Al margen de las dudas que puedan surgir sobre la eficacia recaudatoria de estas propuestas no cabe duda de que el Gobierno está decidido a subir la presión fiscal antes que ajustar su gasto o mejorar la eficiencia en la gestión pública.
El Gobierno parece decidido a presionar fiscalmente a la clase media y trabajadora también a través de un golpe a la educación concertada, que supone en definitiva un ataque a la educación sostenida con fondos públicos. El Gobierno, según declaraciones en prensa, parece haber dado instrucciones a la Agencia Tributaria para que realice declaraciones complementarias a que las familias con hijos en la escuela concertada y que hubiesen presentado donaciones a fundaciones vinculadas con dichas escuelas.
Según parece la Agencia Tributaria ultima un cambio de interpretación por el cual las cuotas pagadas por los padres con hijos en los colegios concertados no podrían considerarse en ningún caso como donaciones, como si venía ocurriendo en algunos casos hasta la fecha.
Actualmente el pago de donativos permite una deducción fiscal de hasta el 75% para los primeros 150 euros abonados y un 30% para el resto, que es precisamente de lo que hasta ahora se beneficiaban los contribuyentes con hijos en centros concertados. Para un pago de anual de unos 1.000 euros, el aumento a pagar en la declaración del IRPF sería de 367 euros por hijo y año. En caso de producirse una declaración complementaria Hacienda podría reclamar los cuatro años no prescritos, lo que podrían suponer en torno a 1.500 euros por hijo y año.
Esta incertidumbre fiscal pende sobre más de 1 millón de familias españolas si tenemos en cuenta que España es uno de los países de la UE donde tiene mayor peso los colegios concertados, que suman el 28% de la oferta educativa estatal, más de 2,2 millones de alumnos.
Adicionalmente, si estos pagos dejan de ser considerados donaciones, los centros concertados deberán declarar por estos ingresos en el Impuesto de Sociedades. Esto haría aumentar la recaudación fiscal del Estado, pero pondría en riesgo las cuentas del colegio que podrían verse obligadas a un aumento en las cuotas voluntarias que en ocasiones estos centros proponen a las familias. El cambio de criterio interpretativo por parte de Hacienda introduce una importante incertidumbre sobre sus efectos y consecuencias, ya que su impacto sobre finanzas de las familias y los colegios concertados es potencialmente muy relevante.
Entre las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Ley Educativa (LOMCE) en su artículo 22 bis, punto 3, letra c, recoge expresamente la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada como «instrumento del sistema educativo español para la consecución de sus fines» que debe ser el foro en el que el Gobierno plantea cualquier cambio y mejora de la financiación de la escuela concertada de manera dialogada y evitando la incertidumbre y la inseguridad jurídica.
Actualmente, y según datos del Ministerio de Educación, el coste de un alumno en la escuela concertada permite una optimización de los recursos destinados a todos los centros sostenidos con fondos públicos, permitiendo una mayor calidad de la educación que recibe en global el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias personales o familiares. Un cambio en este paradigma de la envergadura del planteado por el Gobierno tiene la capacidad de alterar el equilibrio actual del gasto en educación en nuestro país con consecuencias imprevisibles de cara al inicio del curso escolar que viene.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos, PROPONE los siguientes:
ACUERDOS
- Instar al Gobierno de la Nación a:
a) Garantizar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la disponibilidad de oferta educativa velando por la libertad de elección de las familias y por una máxima calidad en la educación, en particular en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
b) Asegurar la suficiencia de medios y recursos para la educación, pública y concertada, para poder cumplir con este objetivo de calidad.
c) Evitar la inseguridad jurídica y un menoscabo económico a las familias de Fuenlabrada por la aplicación retroactiva de cambios de criterio en torno a la normativa fiscal, y en particular en lo relativo a las deducciones por donaciones a centros de educación concertados.
d) Convocar a la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada a la mayor brevedad posible para tratar estos temas y despejar incertidumbres.
- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Nación y a los Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados.