MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS FUENLABRADA RELATIVA A RECLAMAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE SE RESPETE LA AUTONOMÍA FISCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, anunció el pasado mes noviembre un preacuerdo con el Gobierno de coalición sobre los Presupuestos Generales de 2021, que incluye el fin del control financiero del Estado sobre Cataluña. Además, contempla la creación de una comisión bilateral que busca acabar con lo que ha definido como el “paraíso fiscal” de la Comunidad de Madrid.
El partido independentista, a cambio de permitir que el Gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias sacase adelante su proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, ha logrado para la Generalidad de Cataluña la autonomía de gastos así como la creación de un comité bilateral, formado por ERC y Moncloa, para estudiar una “reforma fiscal total, justa y progresiva”. Este es un punto importante de las negociaciones, ya que se contempla analizar un impuesto más progresivo para las grandes fortunas y “acabar con el dumping fiscal de facto y con el paraíso fiscal de la Comunidad de Madrid” según el Portavoz de ERC.
Esta medida tiene una relación directa con el Impuesto de Patrimonio y la búsqueda de una equiparación entre las diferentes comunidades autónomas. Así lo recogía la enmienda presentada por ERC en el Congreso, en la que se reclamaba al Ejecutivo de Sánchez crear una cuota estatal en el Impuesto de Patrimonio que sirva de mínimo de recaudación y sobre la que las comunidades autónomas no puedan decidir.
Las premisas sobre las que trabajan los técnicos de Hacienda en estos momentos para cumplimentar el encargo de los separatistas de castigar fiscalmente a la Comunidad de Madrid, son las siguientes: en primer lugar, que la subida fiscal se base en la creación de una “cuota estatal” en el Impuesto sobre el Patrimonio de forma que su rendimiento constituya un “ingreso del Estado no cedido a las comunidades autónomas”. Además, pretenden que la norma de aplicación sea “la norma estatal vigente reguladora del impuesto”, de forma que “en ningún caso sean de aplicación las normas aprobadas por las comunidades autónomas en ejercicio de la capacidad normativa reconocida en la ley de cesión de tributos”. Este último matiz es muy importante. Y es que, de esta manera, pretenden sortear las reclamaciones judiciales que interponga la Comunidad de Madrid. Por otra parte, tanto el mínimo exento como la escala de tipos de gravamen deberán ser “los que haya fijado la normativa estatal con carácter supletorio”. Es decir, que realmente se tratará de un impuesto adicional adherido y cobrado junto con el actual Impuesto de Patrimonio autonómico.
Con todo ello, el Gobierno pretende que corresponda “al Estado la titularidad y el ejercicio de las competencias de gestión, liquidación, recaudación e inspección y revisión del impuesto en lo que afecta a la liquidación por la cuota estatal”.
Para colmo hay que recordar que este plan recaudador no se ha diseñado en exclusiva para el Impuesto de Patrimonio, sino que se pretende hacer extensivo a los Impuestos de Sucesiones y Donaciones e, incluso, a la eliminación de las deducciones autonómicas en el Impuesto de la Renta.
El resultado de este castigo fiscal es descriptible: los estudios orientativos encargados por técnicos de la Comunidad de Madrid relevantes al castigo a los contribuyentes de esta autonomía se elevaría hasta los 5.900 millones de euros. Todo ello, conllevaría un esfuerzo fiscal adicional de 2.001 euros anuales de media para las familias madrileñas si se aplicara las normas fiscales que impone la Generalidad de Cataluña.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos Fuenlabrada elevamos al Pleno de Fuenlabrada para su debate y aprobación los siguientes acuerdos:
- Requerir al Gobierno de España a que respete la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid y deje de atacar a los madrileños con su deseo de imponer una subida de impuestos masiva en la región, llevando a cabo el cumplimiento del artículo 156 de la Constitución Española.
- Requerir al Gobierno de España a que respete la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, así como la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
- Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada muestre su rechazo ante la subida de impuestos que se pretende realizar por parte del Gobierno de España a los madrileños tras el acuerdo realizado con ERC.